Supongamos un escenario donde todos los ciudadanos debemos aportar el 35% de nuestros ingresos al gobierno, tanto el que gana 3.000 pesos como el que percibe 10.000. A simple vista consideraríamos que se verá más perjudicado aquel que perciba un menor ingreso, al disponer de menos recursos y verse afectado en mayor medida su poder de compra.
Consideremos ahora el caso de un ciudadano soltero, propietario, con vehículo y sin familiares a cargo que percibe un sueldo de 3.000 pesos y el de otro, jefe de familia con sus padres a cargo que alquila una vivienda, con un hijo en la facultad y otro con una grave enfermedad que lo mantiene internado, lo cual representa importantes costos de atención y medicamentos, que gana 10.000 pesos. ¿Quién se ve más perjudicado por la merma de sus ingresos?
Salvando lo burdo de la comparación, esto mismo sucede hoy con las retenciones al sector agropecuario, el impuesto de mayor injusticia social en la actualidad.
La retención a un grupo inversionista puede determinar la quita al pequeño propietario rural que les arrienda, al no contar con una política crediticia que le permita generar las condiciones adecuadas para hacer rentable su unidad productiva por propia administración.
Un productor puede generar una "renta extraordinaria" en su cultivo de soja y usarla para subsidiar el tambo que heredó de sus abuelos y se niega a cerrar.
Cada caso es particular, y existe un sinfín de condicionamientos que hacen a cada situación distinta y única. Por eso, a pesar de tratar de maquillar la resolución 125 con segmentaciones por volumen de producción, superficie cultivada, zonificaciones, reintegros varios, devolución de fletes, etcétera, seguirá siendo injusta para gran parte de la producción.
Nadie está en contra de que aquel que obtenga una ganancia mayor aporte más al Estado. Para eso tenemos el Impuesto a las Ganancias, que debería ser modificado si se lo considera ineficaz, pero es un forma de gravar sobre la ganancia real del contribuyente.
De todas formas las retenciones -o impuesto aduanero- pueden tener cierta justificación cuando se aplican para alentar producciones alternativas que se encuentran en desventaja. También, para garantizar precios internos diferenciales de los de exportación y mantener una canasta familiar accesible. No obstante, las retenciones continúan siendo arbitrarias, por lo tanto no deberían significar un porcentaje que influyera sustancialmente en la ganancia de la producción. Aquí nada de esto se cumple. Se las justificó en un primer momento para las explotaciones alternativas, aunque basta con ver el estado de éstas -lechería, ganadería, fruticultura, regionales, etcétera- para descubrir la falacia de esta afirmación.
Luego se argumentó que servían para mantener los precios de "la mesa de los argentinos", cuando por tevé se pueden ver los valores de los remates de hacienda en pie, en algunos casos con plazos hasta un año, y el precio que percibe el tambo por el litro de leche y compararlos con los de las góndolas del supermercado -el INDEC del pueblo-. Esto, sin ahondar en detalles como que hoy el precio de la hacienda es el mismo que hace dos años atrás o que cada litro de leche salido del tambo representa por lo menos dos litros de sachet para consumo.
Como si esto fuera poco, tenemos que escuchar a nuestro ex presidente explicar cómo sin estas retenciones pagaríamos 15 pesos por el kilo de pan y 60 por el de carne respectivamente, en una muestra de absoluta falta de respeto a la materia gris del pueblo argentino. Por último, en uno de sus últimos exabruptos verbales confesó la necesidad del aumento para hacer frente a compromisos de deuda externa. Considerando que esta diferencia apenas alcanza al 1% del total del presupuesto, sólo se puede entender como causa del terrible despilfarro y de la falta de previsión la insaciable voracidad fiscal del gobierno.
Hago votos para que nuestra clase dirigente recupere una cuota de sentido común que nos permita dejar a un lado este capricho que mantiene en vilo al país, paralizando uno de los sectores productivos más importantes con la consiguiente retracción económica, las pérdidas -que han superado con creces lo que se pretendía recaudar- y un costo internacional imposible de cuantificar.
El pueblo está cansado de plazas, movilizaciones, cortes de ruta, concentraciones y discursos. Deben entender que no están en campaña. Tienen una responsabilidad con el pueblo que los votó -y también con el que no-: legislar y solucionar los problemas realmente importantes -que no son pocos- en lugar de estar saltando en una plaza o con discursos con los que nos quieren explicar por qué la soja es un yuyo, el uso del glifosato y que la producción agropecuaria es de "bajo riesgo" o marcando antinomias de fantasmas golpistas y oligarcas sin entender que pasó mucha agua bajo el puente desde "Braden o Perón".
La gente quiere volver a trabajar en paz y la obligación de nuestros representantes es tratar de mejorar un país que los va a trascender en el tiempo, siendo conscientes de que con su accionar pueden provocar un daño irreparable o darnos la posibilidad de brindarles un futuro mejor a nuestros hijos.
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